Corte Suprema rechazó recursos y de casación y confirmó fallo por secuestros y homicidios en Pisagua
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en contra de la sentencia que condenó a siete ex-agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio en el centro de detención de Pisagua, en septiembre y octubre de 1973.Esta sentencia hace referencia al caso de Juan Calderón, Luis Lizardi, Marcelo Guzmán, Juan Jiménez, Jesús Nolberto Cañas y Michel Nash, quienes fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros, bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar. A mediados del año 1990, fueron encontrados los restos de Calderón, Lizardi y Guzmán, los de Jiménez, Cañas y Nash, siguen desaparecidos.
En fallo un dividido, la sala ratificó la sentencia y descartó error de derecho en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 29 de marzo del 2018, que condenó a los ex-agentes del Estado.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la Unidad Programa de Derechos Humanos, en el cumplimiento del mandato legal que les asiste, contribuyó a través de valiosos aportes jurídicos durante todo el proceso.
Así, se mantuvo la resolución que condenó al coronel de Ejército en retiro Sergio Benavides y al mayor de Carabineros (r) Manuel Vega a presidio perpetuo como autores de los secuestros calificados de Nash, Cañas y Jiménez; y de homicidio calificado de Guzmán, Calderón, Lizardi, Cabezas, Córdova, Morris, y Valencia.
Los miembros del Ejército (r), Roberto Ampuero, Gabriel Guerrero y Arturo Contador recibieron 10 años de presidio, como autores de los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Guzmán, Calderón y Lizardi. Sergio Figueroa cumplirá una pena de 12 años de presidio por los mismos hechos. Además, Miguel Aguirre fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los tres secuestros calificados.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado a pagar, por concepto de daño moral, la suma total de $510.000.000 a las y los familiares de las víctimas.