COMUNICADO DE PRENSA

Condenados 7 funcionarios de Carabineros por el crimen de 15 campesinos de Lonquén.

La magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a un oficial y seis suboficiales de Carabineros, todos en situación de retiro, por el crimen de los 15 campesinos de Lonquén.

Los condenados son:

Lautaro Eugenio Castro Mendoza (que luego cambió sus nombres por “Marcelo Iván”), capitán (R) de Carabineros, a 20 años de presidio; y los suboficiales (R) de Carabineros: David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro, a la pena de 15 años. Todos ellos fueron sentenciados en calidad de coautores de secuestro calificado por las 15 víctimas de Lonquén, asesinados en octubre de 1973.

También fue condenado el suboficial (R) de Carabineros Pablo Ñancupil Raguileo, a quince penas de 60 días cada una, en calidad de autor de secuestro simple.

Las 15 víctimas son:

Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, Miguel Ángel Brant Bustamante, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar Hernández Flores, José Herrera Villegas, Sergio Maureira Lillo, José Maureira Muñoz,  Rodolfo Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, Manuel Navarro Salinas e Iván Ordóñez Lama.

El 30 de noviembre de 1978, y de acuerdo a una denuncia, los cuerpos de los 15 campesinos fueron hallados por integrantes de la Vicaría de la Solidaridad en uno de los hornos de una mina abandonada en los faldeos de los cerros del asentamiento “El Triunfador”, en la localidad rural de Lonquén, al sur de Santiago.

El hallazgo dio inicio a una serie de diligencias judiciales por la justicia ordinaria. Finalmente la causa terminó en manos de tribunales militares, dictándose el sobreseimiento definitivo por el decreto ley de amnistía, resolución ratificada por la Corte Marcial en octubre de 1979.

No obstante aquello, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, quien había instruido la investigación previamente por resolución del pleno de la Corte Suprema, llegó a establecer que los 15 campesinos no murieron en un “enfrentamiento con Carabineros”, según la versión judicial de los autores.

Decretada la amnistía y mientras los cuerpos permanecían en el Servicio Médico Legal, el fiscal militar Gonzalo Salazar acogió el ruego de los familiares de entregarles los cuerpos para su sepultación.

Fijado el día y hora de la entrega, y mientras los familiares y numeroso público esperaba el 14 de septiembre de 1979 la llegada de los féretros en la iglesia Recoleta Franciscana de Santiago, los cuerpos finalmente no llegaron.

Horas después se conoció que, en paralelo, el fiscal militar Salazar había ordenado el retiro de los cadáveres desde el Servicio Médico Legal, los que fueron sepultados en bolsas en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo.

Desde esa fosa los cuerpos son exhumados el año 2006, y producto de aquello el Servicio Médico Legal logró identificar a las 15 víctimas.

El caso de Lonquén fue el primero que permitió desvirtuar la versión oficial de la dictadura, que incluso fue hecha pública en organismos internacionales, en el sentido de que en Chile existían “presuntos detenidos desaparecidos”, desmintiendo la voz de los familiares que los buscaban.

Producido el hallazgo de los 15 cuerpos en 1978, el temor de que se empezaran a descubrir fosas clandestinas con cuerpos de prisioneros políticos, inundó al Ejército y a la Junta Militar.

Por ello, el dictador Augusto Pinochet ordenó el desentierro de todas esas tumbas ocultas, para que los cuerpos se hicieran desaparecer. Fue la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

La operación fue realizada por agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, agentes de los Departamentos II de Inteligencia de las distintas Divisiones del Ejército, y agentes de las Secciones II de Inteligencia de los diversos regimientos locales por el norte, centro y sur del país.

De acuerdo a diversas investigaciones judiciales, los cuerpos desenterrados por esta operación fueron en su mayoría lanzados al mar a bordo de helicópteros PUMA del Comando de Aviación del Ejército. Sin embargo, otros fueron incinerados al interior de regimientos, o quemados con químicos como fue el caso de Colonia Dignidad.

 

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE INTERIOR

Santiago, 13 de septiembre de 2016